Los jueces consideraron inadmisible la apelación extraordinaria de la compañía. El Defensor del Pueblo bonaerense recordó que la eventual privatización no obligaría a la compañía a "garantizar el acceso al agua potable y dejaría el pasivo ambiental en manos de la Provincia, municipios y, en última instancia, de la salud de los habitantes".
Los jueces consideraron inadmisible la apelación extraordinaria de la compañía. El Defensor del Pueblo bonaerense recordó que la eventual privatización no obligaría a la compañía a "garantizar el acceso al agua potable y dejaría el pasivo ambiental en manos de la Provincia, municipios y, en última instancia, de la salud de los habitantes".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata rechazó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y nulidad presentado por AySA para dejar sin efecto la medida cautelar que interrumpe el proceso de privatización de la compañía, una demanda iniciada originalmente por el Defensor del Pueblo bonaerense.
Según el fallo, la empresa prestadora argumentó objeciones de fondo contra la cautelar de primera instancia que ya había sido confirmada. En su presentación, la representación de AySA "denuncia gravedad institucional" por la medida "y brinda fundamentos en torno a la falta de verosimilitud en el derecho, la ausencia de peligro en la demora y la afectación al interés público", además de señalar que "ninguno de los recaudos cautelares puede tenerse por acreditado, cualquiera sea el grado de verosimilitud o urgencia que se invoque".
Sin embargo, el tribunal de alzada declaró la inadmisibilidad de los recursos "toda vez que la decisión en crisis no conforma uno de los supuestos susceptibles de ser impugnados por dichos carriles extraordinarios".
De igual manera, la sentencia precisó que "las propias pretensiones recursivas del apelante ponen en evidencia la ausencia de definitividad como característica necesaria de la decisión para abrir la instancia casatoria, dado que ellas recaen sobre la decisión de una medida cautelar".
Pese a esto, la privatización avanza. Los ofrecimientos económicos de los grupos empresarios buscan quedarse con el 90% del paquete accionario de la compañía ya que el 10% restante seguirá en manos de los trabajadores de la empresa dentro del Programa de Propiedad Participada.