La crisis estalló el martes 3 de noviembre tras la intervención e insolvencia de Ueno Bank, entidad donde la justicia y la oposición investigan un presunto conflicto de intereses e irregularidades en el manejo de fondos públicos.
Se cuestiona la colocación de millonarios recursos provenientes del Instituto de Previsión Social (IPS) -unos 380 millones de dólares- y del presupuesto estatal en la entidad bancaria en la que Peña había tenido participación accionaria. El pánico financiero y el congelamiento de depósitos en la entidad que reúne más de tres millones de cuentas generaron un fuerte descontento social y llevaron a la oposición a promover un juicio político en el Congreso por "mal desempeño y presunta cooptación del Estado".
Ante la inminencia del avance del juicio político, Peña presentó su renuncia al cargo; no obstante, el Congreso no la aceptó y llevó adelante el juzgamiento que derivó en la pérdida de sus fueros presidenciales y en su destitución ya que el Senado lo declaró culpable por «mal desempeño de sus funciones”. Conforme al orden de sucesión constitucional, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la jefatura de Estado para completar el período gubernamental al que le restan dos años.
El equipo de la fiscalía especializada en delitos económicos, encabezado por el doctor Christian Benítez. Tras quedar sin fueros ejecutivos, la Fiscalía paraguaya abrió investigaciones formales sobre Peña imputado por “lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio” por la colocación irregular de fondos públicos en Ueno Bank.
La Justicia libró su orden de detención con arresto domiciliario, pero las protestas multitudinarias frente a su residencia del barrio Mburucuyá obligaron a que Peña sea trasladado al Regimiento Escolta Presidencial en Asunción por razones de seguridad. Paralelamente, el Banco Central del Paraguay (BCP) activó el pago de las garantías de depósitos a más de un millón de ahorristas afectados por la insolvencia de la entidad bancaria.
Asimismo, el nuevo presidente paraguayo, Pedro Alliana, asumió la conducción del país y prometió que los casi tres millones de ahorristas damnificados serán plenamente compensados.
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